"Chapala está muriendo, por favor volteen"

Montserrat Muñoz

"Mi niño se me está yendo de las manos", dijo Verónica Lomelí. "Tiene 12 años y la mitad de la vida luchando (contra la Enfermedad Renal Crónica). Ya rechazó un riñón porque ya no tiene remedio. Sus filtros están tronados. Él mismo ha dicho, ´si a mí ya no me puedes ayudar, ayuda a otros niños para que no pasen lo que yo estoy pasando. Yo quiero vivir, pero si no puedo, sigue luchando por mí'".

Verónica Lomelí Rodríguez es habitante de Poncitlán, municipio jalisciense ubicado a las orillas del lago de Chapala. Su hijo se suma a uno de los cientos de enfermos renales en la zona.

En los últimos diez años, tres mil 285 personas han sido afectadas en su salud por la contaminación del lago, de acuerdo con cifras del Foro Socioambiental de Guadalajara, el cual informó que no son sólo enfermedades renales, pues también hay casos de cáncer, discapacidades, malformaciones genéticas y complicaciones para los niños en el aprendizaje.

Su cargo como regidora no le es impedimento para calificar como "crímenes de lesa humanidad" el hecho de que anteriores gobiernos, en sus tres niveles, hagan caso omiso de las dolencias de la población ribereña.

Habitantes de San Pedro Itzicán y de Mezcala de la Asunción presentaron su denuncia ante el Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), que del 22 al 26 de octubre lleva a cabo su XII Audiencia Pública Internacional en el ITESO.

_{Presentación del primer caso en la Audiencia Pública 2018 del Tribunal Latinoamericano del Agua.}

"Hoy quiero levantar la voz. Vivo esa enfermedad a diario. Por eso, voy a seguir luchando. Vamos a obligar a las industrias a tratar sus aguas y a adoptar una familia enferma. No hay dinero que alcance", exclamó la madre, ante los aplausos y vítores de los presentes.

Ante este foro, Lomelí exclamó que no son únicamente estas comunidades quienes sufren por la contaminación de Chapala.

"Somos Cuitzeo, Santa María de la Joya, la Zapotera, San José de la Pila Chica, el Chalpicote y Agua Caliente. Esta pequeña comunidad cuenta con el segundo lugar mundial en enfermedad renal: de mil 500 habitantes, aproximadamente 900 están enfermos", señaló.

"Toda esa cuenca es una línea de muerte. Chapala está muriendo, por favor volteen", pidió Lomelí.

Con el análisis del caso de la "Posible violación del derecho humano al agua, al saneamiento y a un medio ambiente sano, en la ribera de Chapala, Jalisco, México", dio inicio la Audiencia Pública del TLA, en la cual se analizarán ocho casos de conflictos hídricos en diversos territorios indígenas de México, Guatemala, Colombia y Argentina.

Luis Arriaga Valenzuela, SJ, rector del ITESO, destacó que a pesar de que el derecho al agua es ya una realidad normativa, existe una brecha con lo que ocurre en la realidad.

_{Luis Arriaga Valenzuela, SJ, rector del ITESO.}

"La voz de los afectados, muchos de ellos y ellas aquí presentes, debe tener un lugar central en la nueva gestión democrática del agua en nuestro estado. El uso y aprovechamiento del agua no puede prescindir del consentimiento de las propias comunidades", afirmó.

"La lógica que contrapone los mecanismos de ‘justiciabilidad' contra los de exigibilidad, lo organizativo contra lo jurídico, ha impedido ver en México que las experiencias más promisorias de defensa de los derechos colectivos en América Latina son las que combinan todas las tácticas disponibles sin dejar de interpelar al Estado en su rol de garante", añadió el Rector del ITESO.

Tras inaugurar las actividades de la Audiencia Pública del TLA, reiteró que desde el ITESO "asumimos que los problemas del mundo y de la región occidente de México son los problemas que desea atender nuestra universidad".

Javier Bogantes, presidente del TLA, sentenció que a nivel Latinoamérica se está siguiendo un camino civilizatorio "que nos está llevando a una crisis ambiental sin precedentes en la historia de la humanidad".

"Esta audiencia es un escenario de justicia", afirmó Bogantes.

_{Javier Bogantes, presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua.}

El presidente del TLA enfatizó que para los pueblos indígenas latinoamericanos, desde los mayas hasta los mapuches de Chile y Argentina, pasando por los incas del Perú, la visión de estas culturas siempre ha sido ecocéntrica, como dan testimonio sus deidades.

Philippe Texier, presidente del Jurado del TLA, recalcó que el agua constituye un problema en todas las partes del mundo por el fenómeno del cambio climático.

"Hay sequías, inundaciones y una cantidad de fenómenos que afectan a todas las poblaciones. Aquí trataremos ocho casos de cuatro países de América Latina. En todos los casos, las poblaciones afectadas son comunidades indígenas", añadió.

Lamentó que a pesar de que en diversas ocasiones varios de los temas que se tocarán durante esta semana ya han sido retomados previamente desde el año 2000, cuando el TLA sesionó por primera vez, poca haya sido la respuesta las instancias demandadas. "Se supone que las cosas iban a mejorar, lo que podemos constatar es que en realidad las cosas han empeorado".

El TLA tomará cuatro casos mexicanos, que involucran presuntas afectaciones socioambientales en los ríos Bacánuchi y Sonora, en la cuenca Atoyac-Zahuapan, y en los valles de Oaxaca, así como el ya presentado sobre la ribera del Lago de Chapala.

También se ponderarán posibles violaciones a los derechos humanos de la población maya del Lago Atitlán y de los pueblos Chorti y Mestizo de los departamentos de Zacapa y Chiquimula en Guatemala; de los habitantes de Antioquía, Colombia y de las comunidades en la provincia de La Pampa, en Argentina.

El jurado está integrado por Philippe Texier, su presidente; David Velasco Yáñez, SJ, y Alejandro Mendo, académicos del ITESO; Aldo González Rojas, Fernanda Paz Salinas, Patricia Ávila y Rubén Darío Monsalve.

A la inauguración de la Audiencia Pública acudieron representantes de San Pedro Itzicán y Mezcala de la Asunción. También estuvieron presentes Magdalena Ruiz Mejía, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco; Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco; Guillermo Amado Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, y Arturo Gleason Espíndola, como representante del rector de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro.

Acompañamiento del ITESO

Con la asesoría académica, científica y jurídica del ITESO, integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Mezcala de la Asunción, así como María Luisa Baltazar González, Jaime González González y Darío Loza Baltazar, pobladores de San Pedro Itzicán, llevaron su caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua.

A nombre de los demandantes, Agustín Verduzco Espinosa, abogado y contralor en aspectos normativos del ITESO, enfatizó que los pobladores de las mencionadas comunidades indígenas denuncian la violación a sus derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud y al agua y al saneamiento.

"Las afecciones a la salud y a la calidad de vida de los pobladores se encuentran relacionadas con la calidad del agua del lago, conforme a diversos estudios técnicos-científicos realizados, que se consideran insuficientes para probar científicamente el nexo entre la contaminación y las enfermedades que padecen los pobladores de la ribera norte de Chapala", mencionó.

Bajo el principio de precautorio, Verduzco advirtió que la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente y soslayar el derecho a la salud de las personas.

El abogado señaló que "es el promotor de la actividad potencialmente dañosa quien debe probar la existencia de esa amenaza o peligro. Si el lago de Chapala no está contaminado, que nos lo digan las autoridades".

Destacó que es urgente terminar de habilitar el pozo para dotar de agua salubre a la población de San Pedro Itzicán, así como instalar la red de agua a la mitad de la población que aún no la tiene.

A través de la sentencia del tribunal, la cual se dará a conocer el próximo viernes 26 de octubre, los demandantes esperan que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y cumplir con sus derechos humanos al agua y al saneamiento y al medio ambiente sano.